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Colombia asumió el liderazgo en medidas económicas ambientales
Colombia es, después de Brasil, el país más biodiverso del mundo; el 50% del territorio está cubierto por bosques, hay más de 300 ecosistemas marinos y continentales, toda una gran riqueza natural de la que es consciente el Gobierno Nacional. Por ello, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se une a la celebración del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, que se celebra cada 18 de octubre desde 1972, destacando las medidas en materia económica y de compensación ambiental se han impulsado para la preservación del medioambiente.
Colombia es uno de los países de la región que cuenta con una trayectoria de casi dos décadas en el desarrollo de proyectos de Pago por Servicios Ambientales (PSA) para promover la conservación de la biodiversidad y prevenir la degradación de los ecosistemas, asociado a la deforestación, transformación y uso inadecuado del suelo.
“Nuestras políticas van encaminadas a construir un país ambientalmente sostenible y sabemos que aún tenemos varios retos para lograrlo. Esta tarea debe ser una apuesta conjunta y coordinada del Estado, del sector empresarial y la ciudadanía en aras de proteger el patrimonio, anticipar los riesgos y prevenir los daños ambientales”, sostuvo el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo.
El Pago por Servicios Ambientales se trata de un incentivo económico en dinero o en especie para los propietarios, poseedores u ocupantes de tierras por sus acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios. En la actualidad se han implementado en el país 15 iniciativas de PSA con 58.808 hectáreas conservadas y 2.439 familias beneficiarias. Las principales iniciativas han sido impulsadas por: el programa Ganadería Sostenible, con 25.270 hectáreas; el proyecto BanCO2, una iniciativa que busca que las familias que habitan estos territorios se conviertan en sus guardianes a cambio de una retribución económica, liderada por la Corporación Autónoma Regional de Río Nare (Cornare), y cuenta con 20.000 hectáreas conservadas. También se destaca el programa Conservar Sí Paga de la Gobernación de Cundinamarca, con 6.462 hectáreas.
Dentro de estas estrategias también sobresale el impuesto nacional al carbono, el cual creó el Gobierno Nacional a través de la Reforma Tributaria del año pasado, cuya finalidad es incentivar la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al aplicarse sobre algunos combustibles fósiles. Con este tributo, a través del cual el país recauda recursos para beneficiar la gestión ambiental, también se financiarán los proyectos que hacen parte de la iniciativa Colombia Sostenible en restauración ambiental, con énfasis en ecosistemas hídricos y proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático.
En este mismo sentido, el Ministerio de Ambiente junto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecieron el procedimiento para la no causación de este impuesto, a través del decreto 926 de 2017, que además reglamenta el procedimiento para certificar ser carbono neutro.
Otra medida importante que ha sensibilizado a los colombianos recientemente, es la del uso racional de las bolsas plásticas, resolución que más allá de establecer un impuesto para recaudar recursos tiene por objetivo desestimular su uso en los puntos de pago y reducir los impactos ambientales asociados con los residuos generados por las bolsas después de que dejan de usarse. La norma estableció que todas aquellas bolsas menores de 30x30 cm salieran de circulación a partir del 30 de diciembre de 2016.
En lo corrido de este año, de acuerdo con la industria de plásticos, en Colombia se redujo en un 27% el consumo de bolsas, dato registrado por ventas anuales en cerca de 80 empresas productoras de este material, con una totalidad de ventas por el valor de $475.000 millones. No obstante, según Fenalco, la reducción en algunos almacenes de cadena ha alcanzado cifras superiores al 50%.
Desde Minambiente también se promueven las actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y, además, incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida. Se trata del programa Negocios Verdes, que de acuerdo a la meta del Plan Nacional de Desarrollo, busca implementar cinco programas regionales de negocios. Entre el 2015 y 2017 se han implementado dichos programas en las regiones Orinoquía, Pacífico y Amazonía.
Se espera que en diciembre próximo las autoridades regionales del Caribe empiecen a implementar la estrategia en esta zona del país. A la fecha hay identificados 800 negocios verdes a nivel nacional, de estos 356 han sido verificados bajo criterios económicos, sociales y ambientales por parte de las autoridades autónomas regionales. De igual forma, 4.300 familias se han beneficiado entre 2014 y 2016 y se registran ventas por un valor aproximado a los 81.127 millones de pesos en este mismo periodo.
Un ejemplo de que la empresa privada también se une a nuestras iniciativas ambientales convirtiéndose en un aliado en el cumplimiento de las metas hacia el crecimiento verde, se puede ver en Bancos de Hábitat, una alternativa de conservación e inversión ambiental en la que Colombia es pionero en América Latina.
Estos son terrenos en donde las empresas o personas naturales pueden compensar su huella ambiental y se implementan acciones de preservación, mejoramiento o restauración de ecosistemas para compensar impactos negativos sobre la biodiversidad.
El primer Banco de Hábitat de Latinoamérica se encuentra ubicado en el departamento del Meta, en el municipio de San Martín de los Llanos, con una inversión privada de US$1,5 millones, para la conservación de 600 hectáreas de ecosistemas, donde se espera generar más de 30 empleos entre directos e indirectos, aumentar la productividad para los dueños de los predios y disminuir los costos de compensación ambiental de las empresas.
De otra parte, se ha reglamentado la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre, la tasa retributiva por vertimientos puntuales, tasa por uso del agua, como instrumentos económicos que cobra la autoridad ambiental competente por la utilización de esos recursos.
Fuente del contenido: http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3296-colombia-asumio-el-liderazgo-en-medidas-economicas-ambientales